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El Tribunal Supremo ha declarado, por virtud de la sentencia núm. 2088/2019, de 26 de junio, la nulidad de pleno derecho de un Acuerdo del Pleno del municipio de Caldes de Montbui en el que se proclamaba la adhesión de la corporación al proceso soberanista catalán. Aun alcanzando una conclusión acertada, la Sentencia adolece de importantes debilidades argumentales, toda vez que, de una parte, en ella se adopta una postura excesivamente restrictiva en relación con las posibilidades de actuación estrictamente política de los ayuntamientos y, de otra, no se consideran diversos elementos de juicio relevantes para la resolución del recurso, que habrían permitido una mejor justificación de la declaración de nulidad del Acuerdo impugnado.

Spanish Supreme Court's Sentence 2088/2019, of 26th June, has upheld the appeal of invalidity of an act which had declared the support of the municipality of Caldes de Montbui to the Independence of Catalonia. Though having reached to the right solution, the Sentence is not completely well-founded, since, on the one hand, it is based on a very restrictive understanding of the capacity of local entities in order to develop their strictly political activities, and, on the other hand, it does not take into account some other aspects which could have been the basis for a better legal reasoning. ; El Tribunal Supremo ha declarado, por virtud de la sentencia núm. 2088/2019, de 26 de junio, la nulidad de pleno derecho de un Acuerdo del Pleno del municipio de Caldes de Montbui en el que se proclamaba la adhesión de la corporación al proceso soberanista catalán. Aun alcanzando una conclusión acertada, la Sentencia adolece de importantes debilidades argumentales, toda vez que, de una parte, en ella se adopta una postura excesivamente restrictiva en relación con las posibilidades de actuación estrictamente política de los ayuntamientos y, de otra, no se consideran diversos elementos de juicio relevantes para la resolución del recurso, que habrían permitido una mejor justificación de la declaración de nulidad del Acuerdo impugnado.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo, ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Cataluña frente a diversos preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El pronunciamiento afecta a previsiones legales sustancialmente relacionadas con la disciplina de producción normativa y con la Administración electrónica. En el presente trabajo se estudia críticamente la doctrina afirmada en relación con el primero de los aspectos aludidos. Las dificultades a las que se ha debido enfrentar el juez de las leyes para la resolución del recurso de inconstitucionalidad en este punto, debidas fundamentalmente a la falta casi total de jurisprudencia previa en la materia, no le han impedido dictar una Sentencia que en líneas generales se encuentra, en nuestra opinión, correctamente fundamentada, si bien resulta posible identificar en ella algunos extremos en los que se echa en falta una mayor profundidad en el análisis.

The Constitutional Court's Sentence 55/2018, of 24 May, partially upheld the appeal of unconstitutionality filed by the Government of Catalonia against various provisions of Law 39/2015, of 1 October, on Common Administrative Procedure of the Public Administrations. The decision affects legal provisions substantially related to the discipline of regulatory production and electronic administration. This paper critically examines the doctrine affirmed in relation to the first of the above aspects. The Constitutional Court has had to face great difficulties in resolving the appeal of unconstitutionality on this point, fundamentally due to the almost total lack of previous case-law in the matter. Nevertheless the Court has been able to render a decision which can be seen as well-founded, though there are some aspects which could have been more deeply analyzed in order to get to develop a sounder argumentation. ; La Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo, ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Cataluña frente a diversos preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El pronunciamiento afecta a previsiones legales sustancialmente relacionadas con la disciplina de producción normativa y con la Administración electrónica. En el presente trabajo se estudia críticamente la doctrina afirmada en relación con el primero de los aspectos aludidos. Las dificultades a las que se ha debido enfrentar el juez de las leyes para la resolución del recurso de inconstitucionalidad en este punto, debidas fundamentalmente a la falta casi total de jurisprudencia previa en la materia, no le han impedido dictar una Sentencia que en líneas generales se encuentra, en nuestra opinión, correctamente fundamentada, si bien resulta posible identificar en ella algunos extremos en los que se echa en falta una mayor profundidad en el análisis.

El presente trabajo constituye un comentario crítico de la jurisprudencia
del Tribunal Supremo que, en materia de control jurisdiccional de las disposiciones reglamentarias,
ha excluido de forma injustificada la utilización de las normas de contenido
procedimental como canon de enjuiciamiento en el recurso indirecto. En él se analiza,
además, el origen de esta doctrina, anterior a la aprobación de la Constitución de 1978, y
basada, por tanto, en presupuestos que hoy no se pueden considerar vigentes. El estudio
propone, en síntesis, la superación de esta limitación jurisprudencial y la rigurosa aplicación
de la sanción de nulidad que la normativa en vigor impone al reglamento ilegal.
Lan honetan iruzkin kritikoa egiten zaio Auzitegi Gorenaren jurisprudentziari;
erregelamendu-xedapenen jurisdikzio-kontrolaren alorrean, inolako arrazoirik gabe
baztertu du prozedura-edukia duten arauak zeharkako errekurtsoan auziperatzeko kanon
gisa erabiltzeko aukera. Lan honetan, gainera, doktrina horren jatorria aztertzen da; 1978ko
Konstituzioa baino lehenagokoa da, eta, beraz, egun indarrean ez dauden premisetan oinarritzen
da. Laburbilduz, azterlanak proposatzen du gainditu egin behar dela jurisprudentziamuga
hori, eta zorrozki aplikatu behar dela indarrean dagoen araudiak legez kanpoko erregelamenduari
ezartzen dion baliogabetasun-zehapena.
This paper aims to critically comment those Supreme Court¿s rulings
regarding the validity of governmental decrees in which the possibility of taking into
account procedural rules in the indirect appealing has been excluded. In this paper, the
origins of this judicial doctrine will also be analyzed. In fact, being developed before the
approval of the Spanish Constitution in 1978, such doctrine is based upon legal propositions
which have been, already, overcome. To sum up, the purpose of this work is to surpass
the limitations of the current legal doctrine, while claiming for the strict application of the
sanction of nullity imposed to illegal governmental decrees by the legislation currently in
force.